Comisión Permanente aprueba periodo extraordinario para mover elección judicial a 2028 y blindar candidaturas
La propuesta de Monreal se vincula con la iniciativa enviada este jueves por Sheinbaum.
La Comisión Permanente aprobó por mayoría calificada la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar las iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la reforma que aplaza la elección judicial hasta 2028 y la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
El acuerdo, respaldado por Morena y sus aliados, establece que el próximo martes se instalará el periodo extraordinario; posteriormente, el miércoles 27 de mayo la Cámara de Diputados discutirá las reformas y al día siguiente el Senado hará lo propio, con la intención de concluir el proceso legislativo antes del 3 de junio.
Sin embargo, al momento de aprobarse la convocatoria, la iniciativa presidencial relacionada con la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas aún no había sido enviada formalmente a la Permanente.
Durante el extraordinario también se prevé discutir una iniciativa presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que propone anular elecciones cuando existan indicios de intervención extranjera o vínculos con actividades ilícitas.
La propuesta de Monreal se vincula con la iniciativa enviada este jueves por Sheinbaum para crear un órgano que supervise la integridad de las candidaturas y prevenga posibles nexos con la delincuencia organizada.
Las bancadas de oposición votaron en contra de la convocatoria al extraordinario. El Partido Acción Nacional criticó que no se incluyera la desaparición de poderes en entidades como Sinaloa y sostuvo que posponer la elección judicial no resuelve los problemas de fondo.
Por su parte, Movimiento Ciudadano acusó que el cambio de fecha representa un reconocimiento implícito de las fallas en el modelo aprobado previamente. El senador Clemente Castañeda señaló que se convocó al periodo extraordinario “prácticamente a ciegas”, debido a que una de las iniciativas aún no era conocida oficialmente.
La senadora priista Carolina Viggiano sostuvo que “lo que mal empieza, mal acaba” y cuestionó que la revocación de mandato se pretenda empalmar con la elección judicial. También advirtió que la propuesta no contempla prohibir el uso de “acordeones”, práctica denunciada durante la elección judicial de 2025.
En tanto, el diputado panista Marcelo Torres afirmó que la iniciativa presidencial implica reconocer la infiltración del crimen organizado en distintos niveles de gobierno y procesos electorales.
La reforma enviada por Sheinbaum plantea trasladar la elección judicial al 4 de junio de 2028, reducir el número de candidaturas, modificar el diseño de las boletas y empatar el proceso con la consulta de revocación de mandato.
De acuerdo con el Ejecutivo, los cambios buscan simplificar el modelo electoral implementado en 2025, luego de las críticas por la complejidad de las boletas, la confusión entre votantes y la baja participación ciudadana.
El gobierno federal argumentó además que mantener la elección judicial concurrente con los comicios de 2027 implicaría riesgos operativos para las autoridades electorales y una mayor carga para la ciudadanía.
La segunda iniciativa presidencial propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos que permitan a los partidos políticos verificar la integridad de sus candidaturas.
La nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para un periodo de tres años.
El órgano funcionaría como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el fin de consultar información sobre aspirantes y detectar posibles vínculos con actividades ilícitas.
Además, la iniciativa de Ricardo Monreal contempla declarar la nulidad de elecciones cuando se detecte intervención extranjera en favor de candidatos o partidos políticos.
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