Denuncian a fiscal de la FGR en Veracruz por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia
La denuncia fue promovida por representantes de Agrogema Agro, S. A. de C. V.
Mauricio Alexandro Rosales García, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz, y los agentes ministeriales Carlos Manuel Pérez Solís y Andrea Jahel González Castillo fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
La denuncia fue promovida por representantes de Agrogema Agro, S. A. de C. V., empresa dedicada a la fumigación de ingenios azucareros en Veracruz, quienes acusan a los funcionarios de impedir la liberación del denominado “Helipuerto Ing. David Torres”, ubicado en Medellín de Bravo, así como de siete aeronaves de la compañía: seis helicópteros y una avioneta.
El inmueble y las aeronaves fueron asegurados por la FGR en enero de este año, bajo el argumento de que estarían relacionados con presuntas operaciones ilícitas. Sin embargo, a ocho meses del aseguramiento, la empresa afirma que no ha podido acceder a la carpeta de investigación ni conocer formalmente el carácter jurídico con el que aparece dentro de la indagatoria.
Omar Pérez Gómez, apoderado legal de Agrogema Agro, explicó que el helipuerto opera desde marzo de 2021 y cuenta con permisos de las autoridades aeronáuticas para realizar actividades de fumigación agrícola aérea.
El establecimiento se encuentra, además, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Veracruz y de una instalación de la Secretaría de Marina, situación que, según el representante de la compañía, hace cuestionable que las autoridades desconocieran las operaciones realizadas en el sitio.
“Se me hace algo ilógico que declaren de esa manera el personal ministerial, no puede existir, digo, teniendo tanto a Marina como lo que es la autoridad aeronáutica, que no tengan conocimiento de operaciones y más estando tan cerca de ellos”, afirmó Pérez Gómez, quien también es ingeniero aeronáutico.
Por su parte, Jorge Reyes Peralta, representante legal de la empresa, denunció que la FGR no ha informado si Agrogema Agro tiene el carácter de imputada, víctima o parte ofendida dentro de la investigación.
El litigante aseguró que, pese a los amparos promovidos, tampoco se les ha permitido consultar la carpeta de investigación que sustenta el aseguramiento del helipuerto y las aeronaves.
De acuerdo con estimaciones de la empresa, el aseguramiento de los equipos durante estos ocho meses habría provocado un detrimento patrimonial superior a 40 millones de pesos.
Los representantes legales de Agrogema Agro exigieron que se investigue el actuar de los funcionarios federales y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes, incluida la posible destitución.
“Se va a demandar el daño moral y material de la responsabilidad civil de la Fiscalía y de los funcionarios”, afirmó Reyes Peralta, quien sostuvo que los servidores públicos de la FGR cuentan con mecanismos de aseguramiento para responder por posibles daños derivados de sus actuaciones.
La investigación que originó el aseguramiento, según los representantes de la empresa, comenzó a partir de una denuncia anónima sobre presuntas actividades delictivas en el establecimiento.
Como parte de las diligencias, se habrían realizado vuelos de drones mediante los cuales supuestamente se detectó la presencia de personas armadas. Sin embargo, los abogados señalaron que la FGR no les ha mostrado las imágenes o elementos que supuestamente sustentan dichas afirmaciones.
Videos a los que tuvo acceso Latinus muestran el momento en que elementos de seguridad llegan al lugar y aparentemente intentan impedir que las cámaras de vigilancia registren el operativo.
Reyes Peralta cuestionó la hipótesis de que pudieran realizarse actividades delictivas en las inmediaciones del helipuerto sin que las autoridades cercanas tuvieran conocimiento.
“Cómo podrían estar haciendo vuelos o haciendo actividades delictivas al lado del helipuerto y al lado de la Marina, o ellos son sus cómplices; entonces desde luego que es un absurdo”, sostuvo.
El representante legal de Agrogema Agro también denunció que, después de que la empresa anunció que presentaría una denuncia contra los funcionarios de la FGR, el fiscal Mauricio Alexandro Rosales García habría judicializado la carpeta de investigación.
Según el litigante, la tarde del martes 17 de agosto el funcionario citó a David Reyes Quintana, propietario de Agrogema Agro, para comparecer ante un juez de control federal el próximo 4 de noviembre en los juzgados federales de Emiliano Zapata, Veracruz.
Reyes Peralta consideró que la judicialización ocurrió de manera coincidente con el anuncio de la denuncia y pidió a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, que el fiscal federal solicite licencia mientras se desarrolla la investigación en su contra.
“Le pedimos a la fiscal general, la doctora Ernestina Godoy, hoy que por moral pública este fiscal federal Rosaldo debe pedir licencia a su cargo mientras dura la investigación”, declaró.
El abogado señaló además que Rosales García fue designado durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR y calificó su permanencia como parte de las estructuras heredadas de la administración anterior.
“Entonces no hay ningún delito que se haya cometido y se saca de la manga el fiscal federal esta judicialización ayer a las 6:30 de la tarde, sabiendo que veníamos hoy a presentar denuncia y a estar con ustedes”, acusó el representante legal.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a las denuncias y declaraciones realizadas por los representantes de Agrogema Agro, mientras que será responsabilidad de las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades en el aseguramiento, en la integración de la carpeta de investigación o en las actuaciones de los funcionarios señalados.
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