Diputados de la 4T y dos de MC avalan en lo particular dictamen de la Ley del ISR

La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 322 votos a favor y 115 en contra, el dictamen relacionado con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), cuyo objetivo es modernizar el sistema tributario, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fortalecer la recaudación mediante reglas más claras y equitativas.

A los votos de la coalición de la autodenominada Cuarta Transformación se sumaron los de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez, quienes respaldaron el dictamen.

Durante la discusión en tribuna, la diputada de Morena Claudia Rivera defendió la propuesta al señalar que contempla mayores facilidades para que los pequeños contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, además de medidas para impulsar nuevas inversiones y combatir la evasión fiscal.

La legisladora sostuvo que las acciones contra la evasión son uno de los principales motivos del rechazo de la oposición, pues, afirmó, buscan eliminar privilegios y establecer condiciones más equitativas entre los contribuyentes.

Por su parte, su compañera de bancada, Merary Villegas, aseguró que la reforma no crea nuevos impuestos ni aumenta la tasa del ISR, sino que busca simplificar los procedimientos y cerrar espacios que permiten a algunos contribuyentes evitar el pago correspondiente.

“No crea un solo impuesto nuevo. No sube la tasa del impuesto sobre la renta. No le cobra más a quien ya cumple ni le mete la mano al bolsillo a las familias y las y los trabajadores”, afirmó.

Villegas agregó que el fortalecimiento de la recaudación debe lograrse mediante una mayor eficiencia administrativa y el combate a la evasión, y sostuvo que en los últimos años los ingresos tributarios alcanzaron niveles históricos sin incrementar las cargas fiscales para quienes cumplen con sus obligaciones.

En contraste, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Mario Íñiguez, criticó la política financiera del gobierno federal y acusó a la mayoría legislativa de recurrir al endeudamiento para cubrir compromisos económicos.

El legislador señaló que el país enfrenta un endeudamiento histórico superior a 1.7 billones de pesos y cuestionó el manejo del gasto público.

Asimismo, propuso reducir el techo de endeudamiento que, según sus declaraciones, asciende a 1.5 millones, aunque no precisó la unidad correspondiente en su intervención citada.

Íñiguez también alertó sobre las dificultades que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente los lecheros de la región de Los Altos, debido al incremento en los costos de los alimentos para el ganado y otros insumos.

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Juan Moreno, originario de Durango, cuestionó los cambios fiscales al considerar que podrían incrementar la carga tributaria de las empresas.

El legislador afirmó que la reforma limita las deducciones, restringe el uso de las pérdidas fiscales y reduce del 30 al 20% el límite para deducir intereses netos.

A su juicio, estas modificaciones podrían obligar a las empresas a pagar más impuestos incluso cuando enfrenten gastos operativos, créditos pendientes o dificultades financieras derivadas de un año de bajas ganancias.

Moreno advirtió que una menor disponibilidad de recursos para las compañías podría traducirse en menos inversiones en maquinaria, dificultades para pagar a proveedores, menores posibilidades de ampliar instalaciones y obstáculos para generar nuevos empleos.

Como argumento, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales las microempresas representan el 95% de las unidades económicas del sector privado y paraestatal de Durango.

El diputado sostuvo que las particularidades de este sector deben considerarse en el diseño de las disposiciones fiscales.

Con 322 votos a favor y 115 en contra, el dictamen quedó aprobado en lo particular, con el respaldo de la mayoría de Morena y sus aliados, así como de los dos legisladores de Movimiento Ciudadano. La discusión estuvo marcada por las diferencias entre el oficialismo, que defendió las medidas de fiscalización, y la oposición, que alertó sobre sus posibles repercusiones económicas.

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