Exigen que multa millonaria a empresa alemana por tráfico de armas se destine a víctimas de Ayotzinapa

Organizaciones de derechos humanos de México y Alemania solicitaron formalmente que los 4.21 millones de dólares pagados por la empresa fabricante de armas Heckler & Koch al Estado alemán, tras ser sancionada por la exportación ilegal de fusiles G36 a territorio mexicano, sean destinados a mecanismos de reparación social para las víctimas de la violencia, incluyendo las del caso Ayotzinapa.

La petición fue presentada mediante una carta abierta dirigida a Cem Özdemir, ministro presidente del estado alemán de Baden-Württemberg. En el documento, las ONG vinculan directamente la sanción impuesta a la compañía armamentista con el ataque registrado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el que desaparecieron 43 normalistas, seis personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas.

A pesar de que las regulaciones alemanas prohibían expresamente la exportación de armamento a Guerrero debido a la crisis de derechos humanos en la región, se documentó que 99 fusiles G36 de Heckler & Koch estaban en posesión de la policía local durante esa jornada trágica. De ese total, se confirmó que al menos tres fusiles fueron disparados contra los estudiantes. Entre los agredidos se encuentra Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un disparo en la cabeza y desde entonces permanece en estado vegetativo. Las organizaciones señalaron que, debido a irregularidades y deficiencias en el procesamiento inicial de la escena del crimen, no ha sido posible determinar con exactitud si el impacto que sufrió Gutiérrez Solano provino de uno de los fusiles de la firma alemana.

El desembolso de los 4.21 millones de dólares por parte de Heckler & Koch se concretó el pasado mes de mayo, en cumplimiento de una sanción penal derivada de la sentencia emitida en 2019 por el Tribunal Regional de Stuttgart por el comercio ilegal de armas hacia México.

Las organizaciones civiles admitieron que el fallo judicial alemán no estipuló una indemnización directa ni obliga legalmente a transferir fondos a las víctimas mexicanas. Sin embargo, exhortaron al gobierno de Baden-Württemberg a explorar vías jurídicas y políticas que permitan canalizar estos recursos hacia medidas de reparación social en México.

Entre las principales propuestas destacan:

• Atención integral: Financiar programas de apoyo psicosocial y servicios de salud para las comunidades afectadas, priorizando aquellos casos donde esté plenamente acreditado el uso de estas armas.
• Verdad y justicia: Apoyar proyectos dedicados al esclarecimiento de violaciones graves a los derechos humanos y al impulso de garantías de no repetición.
• Diálogo bilateral: Establecer mesas de trabajo entre autoridades alemanas y la sociedad civil de ambos países para definir el destino de los fondos. En caso de que la legislación impida la entrega directa de recursos a los familiares, se sugiere financiar proyectos comunitarios en las zonas impactadas por la violencia.

La misiva cuenta con el respaldo de organizaciones mexicanas como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como de diversos colectivos alemanes dedicados a la defensa de los derechos humanos y al control del comercio de armamento.

_

Ahora puedes decir en voz alta "Alexa, reproduce Radio BI" y también escucharnos en Spotify.

Síguenos en Facebook, Instagram, WhatsApp, X, TikTok y YouTube. Mantente informado en tiempo real.