FGR recupera 62 millones de pesos desviados en la Estafa Maestra
Corresponde a la reparación del daño por un esquema de triangulación de recursos operado mediante convenios irregulares entre la entonces Sedesol y la UIEM.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la recuperación de 62 millones 877 mil 192 pesos para la Hacienda Pública Federal, como resultado de acciones penales vinculadas con la Estafa Maestra, uno de los casos de corrupción más representativos de la última década en México.
El monto corresponde a la reparación del daño causado por un esquema de triangulación de recursos operado mediante convenios irregulares entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
La acción judicial se ejerció contra Ricardo "M", exdirector general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol, y José "M", exrector de la UIEM. Ambos fueron considerados responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al firmar convenios que violaban la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ocasionando un daño directo al erario.
De acuerdo con la investigación ministerial, el convenio entre Sedesol y la UIEM presentó graves irregularidades y no cumplió su objetivo bajo las normas establecidas. La universidad no realizó los servicios contratados y, en su lugar, subcontrató el 100% del trabajo con terceros a un costo menor, contraviniendo la normativa que únicamente permite subcontratar hasta el 49%.
La diferencia entre el monto pagado por Sedesol y el costo real del servicio subcontratado constituye el quebranto patrimonial de más de 62 millones de pesos que ahora deberá ser restituido.
La mecánica detectada replica el núcleo de la Estafa Maestra, revelada en 2017, donde dependencias federales —principalmente Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles— desviaron miles de millones de pesos aprovechando un resquicio legal del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones.
El esquema operaba así:
- Una dependencia contrataba directamente a una universidad pública para un supuesto servicio.
- La universidad cobraba una comisión y subcontrataba el total del trabajo, violando la ley.
- Las empresas subcontratadas eran frecuentemente fantasma o irregulares, dificultando rastrear el destino final del dinero.
Aunque el Ministerio Público Federal aportó pruebas suficientes para obtener sentencia, el proceso penal permitió una salida alterna. Tanto Ricardo "M" como José "M" podrán *evitar pena de cárcel siempre que paguen la reparación total del daño al Estado, conforme a los sustitutivos legales previstos en el Código Penal Federal.
La FGR señaló que, en este caso, la prioridad fue restaurar los recursos públicos desviados, más que la privación de la libertad de los implicados.
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