Permanente avala dimisión de Mónica Soto como magistrada del TEPJF

Con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles la renuncia de Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual será efectiva a partir del próximo 31 de agosto.

Durante la sesión, legisladores de distintas fuerzas políticas debatieron sobre la interpretación del artículo 98 de la Constitución, que establece que las renuncias de magistradas y magistrados electorales deben obedecer a una causa grave.

Morena y sus aliados defendieron la separación de Soto y aseguraron que su salida no comprometerá el funcionamiento del máximo órgano de justicia electoral.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, sostuvo que la Comisión Permanente cumplió con la responsabilidad establecida en el artículo 98 constitucional y señaló que la decisión de Soto debe ser respetada al tratarse de una determinación personal.

El legislador destacó que la magistrada cuenta con casi una década de experiencia en la Sala Superior y rechazó que su salida vaya a afectar la operación del Tribunal Electoral.

Explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación permite que la Sala Superior sesione con cuatro magistraturas, por lo que, dijo, la salida de Soto no impedirá resolver los asuntos de su competencia.

Sandoval también descartó afectaciones a las resoluciones relacionadas con los procesos electorales federales y locales de 2027, al señalar que la Constitución y las leyes establecen los quórums y las mayorías necesarias para que el órgano pueda tomar decisiones.

En el mismo sentido, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, defendió la renuncia y sostuvo que el requisito de una causa grave previsto en la Constitución no fue establecido para impedir que un funcionario pueda decidir que ya no desea continuar en el cargo.

Argumentó que, después de aproximadamente 10 años de trabajo, Soto tiene derecho a considerar concluido un ciclo profesional y destacó que sus resoluciones, afirmó, se han basado en argumentos jurídicos y no en favorecer a una fuerza política en particular.

En contraste, legisladores del PRI y PAN cuestionaron que la Comisión Permanente aprobara la renuncia sin realizar un análisis de fondo sobre las razones expuestas por la magistrada en su oficio.

La senadora priista Carolina Viggiano pidió que se diera lectura al artículo 98 constitucional y sostuvo que el procedimiento avalado por la mayoría oficialista representa un nuevo debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Viggiano advirtió que con la salida de Soto, la Sala Superior quedará integrada por cinco de sus siete magistraturas, lo que, desde su perspectiva, reduce los márgenes para garantizar la independencia y pluralidad del órgano encargado de resolver las controversias electorales.

También cuestionó que la magistrada no haya expuesto públicamente una causa que pueda considerarse grave y criticó que se pretenda justificar su salida mediante el cierre de un ciclo profesional y compromisos personales y familiares.

“El límite de todos es la ley”, afirmó la legisladora, quien acusó al oficialismo de concentrar el poder y advirtió que el debilitamiento de los órganos autónomos y de los tribunales terminará afectando a la propia República.

Por Acción Nacional, el senador José Máximo García López calificó la aprobación como un proceso “fast track” y consideró que la Comisión Permanente debió revisar previamente si la causa invocada por Soto cumplía con el requisito constitucional.

A su juicio, el argumento de cerrar un ciclo profesional y atender compromisos familiares no constituye una causa grave bajo una interpretación constitucional, por lo que aprobar la renuncia sin mayor análisis convertiría el procedimiento en una “simulación jurídica”.

Sin embargo, el legislador señaló que el PAN tampoco podía limitarse a votar en contra de la renuncia, pues ello implicaría obligar a Soto a permanecer en un cargo que ya decidió abandonar.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, afirmó que el Congreso debió suspender el procedimiento ante la falta de una discusión de fondo.

El legislador acusó al oficialismo de tratar asuntos de relevancia constitucional como simples trámites administrativos y sostuvo que la salida de Soto forma parte de un proceso de debilitamiento de las instituciones electorales.

Ramírez también recordó las críticas que ha recibido la magistrada por resoluciones relacionadas con los llamados “acordeones” durante la elección judicial, así como por decisiones sobre la distribución de diputaciones y otros asuntos electorales.

Con la aprobación de la renuncia, que surtirá efectos el 31 de agosto, la Sala Superior del TEPJF iniciará una nueva etapa con cinco magistraturas. Mientras el oficialismo sostiene que el órgano cuenta con los mecanismos legales para continuar funcionando con normalidad, la oposición advierte que la reducción de integrantes puede afectar los contrapesos y la pluralidad del máximo tribunal electoral del país.

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