Senado avala reforma antipiratería conocida como “Ley Antimemes”
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Con 72 votos a favor y 34 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuyo contenido generó un intenso debate entre las bancadas por sus posibles efectos sobre los memes, la sátira y la crítica política en internet.
La minuta, conocida como la “Ley Antimemes” por sus detractores, fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
La reforma incorpora nuevas conductas relacionadas con el uso indebido de elementos de identidad oficial y establece sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 117 mil 310 y un millón 173 mil 100 pesos.
El punto de mayor controversia fue la incorporación del artículo 403 Bis, que contempla sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno.
La conducta será considerada delito cuando esos elementos sean utilizados para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito, particularmente cuando se pretenda hacer pasar como oficial una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública.
El dictamen establece tres elementos para configurar el delito: que la conducta se realice a escala comercial, que exista intención de inducir al error o engaño y que esté vinculada con la intención de cometer un ilícito. Por ello, el texto aprobado no establece una sanción automática por elaborar o difundir un meme.
La discusión provocó una confrontación entre senadores de Morena y la oposición, quienes intercambiaron acusaciones sobre los posibles alcances de la reforma.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que la modificación busca combatir fraudes y suplantaciones de identidad institucional, y no sancionar la crítica, la sátira o la parodia política.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que existe una diferencia entre ejercer la libertad de expresión y utilizar la identidad de una institución para engañar. “Que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”, afirmó.
El senador de Morena Cuauhtémoc Ochoa también rechazó que la reforma pueda llevar a prisión a una persona por elaborar un meme. “Aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme”, sostuvo, y señaló que para que se configure el delito deben concurrir la escala comercial, la intención de hacer pasar algo como oficial para engañar y el propósito de cometer un fraude.
En contraste, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que la disposición podría afectar la libertad de expresión en internet. La legisladora sostuvo que la mayoría legislativa busca tener mayor control sobre los contenidos que circulan en línea y afirmó que la libertad de expresión en redes sociales se encuentra bajo presión.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve, cuestionó que la reforma no establezca exclusiones expresas para el periodismo, la parodia, la caricatura y la crítica política.
Por su parte, la senadora del PAN Guadalupe Murguía consideró que, pese a la nueva redacción del artículo 403 Bis, persisten conceptos que calificó como vagos e imprecisos y que podrían permitir sancionar expresiones políticas o contenidos difundidos en redes sociales.
La discusión subió de tono cuando la senadora Lily Téllez llevó unas esposas de metal a la tribuna y cuestionó a legisladores de Morena, además de referirse a acusaciones contra el senador Enrique Inzunza.
Posteriormente, solicitó una moción de ilustración para que se proyectara un video de una parodia política.
La senadora del PVEM Ruth González cuestionó que se utilizara la imagen del gobernador de San Luis Potosí, quien es su esposo, al considerar que se trataba de una difamación. Téllez respondió que no debía ser amenazada y lanzó nuevas acusaciones contra integrantes de la mayoría legislativa.
La senadora panista Mayuli Martínez también protagonizó una de las escenas de la sesión al trasladar hasta la tribuna una manta que no había podido desplegar en los palcos.
Además de las disposiciones que generaron el debate sobre los memes, la reforma contempla sanciones contra la reproducción, distribución, venta y explotación no autorizada de obras, así como contra la elusión de medidas tecnológicas de protección.
Uno de los nuevos delitos establece penas de cuatro a 10 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros antes de su lanzamiento oficial o de su primera puesta a disposición autorizada en México.
La reforma también endurece las disposiciones contra la falsificación de marcas y su comercialización, mientras que determinadas conductas pasarían a perseguirse de oficio.
Asimismo, incorpora el concepto de “escala comercial”, que podrá configurarse cuando exista un beneficio económico, una ventaja competitiva o un impacto significativo en la posición de mercado del titular de los derechos. El umbral establecido es de 170 UMA, con la posibilidad de acumular operaciones vinculadas realizadas durante un periodo de hasta 90 días.
El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, afirmó que la reforma busca armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y acuerdos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El senador morenista Antonino Morales Toledo también defendió el proyecto al señalar que busca fortalecer la protección de artistas, artesanos, inventores y pequeños empresarios frente a la piratería.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
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