Tribunal ordena reactivar proceso penal contra Emilio Lozoya por Agronitrogenados
Al negarle un amparo con el que buscaba mantener suspendido el procedimiento judicial, detenido desde hace casi tres años.
Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso de la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, al negarle un amparo con el que buscaba mantener suspendido el procedimiento judicial, detenido desde hace casi tres años.
Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, que había rechazado conceder la protección de la justicia federal a Lozoya, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El origen de la controversia se remonta al 31 de agosto de 2023, cuando el juez de control Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó suspender el proceso penal al considerar que existía una reparación del daño derivada del acuerdo alcanzado por el empresario Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
La defensa de Lozoya sostuvo que Ancira había firmado un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares para resarcir el daño ocasionado por la compraventa de la planta de fertilizantes, por lo que dicho convenio también debía beneficiar al exdirector de Pemex.
Sin embargo, la FGR impugnó esa determinación al argumentar que el criterio jurídico aplicado no era procedente y que Ancira únicamente había cubierto dos de los pagos pactados, manteniendo pendiente alrededor del 50% del monto acordado.
En noviembre del año pasado, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación revocó la suspensión y ordenó reanudar el procedimiento penal, decisión que Lozoya impugnó mediante un recurso de revisión que ahora fue desechado.
El proyecto de resolución fue elaborado por la magistrada Lorena Oliva Becerra, presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, y recibió el respaldo del magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez y de la secretaria en funciones de magistrada Guadalupe Rocío Neri Reynaga.
En su análisis, la magistrada citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según los cuales un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido puede generar efectos para otros coimputados; sin embargo, aclaró que ello depende de la naturaleza de la obligación pactada.
En este caso, explicó que Alonso Ancira aceptó una obligación mancomunada y no solidaria, por lo que el convenio no produce efectos automáticos en favor de Emilio Lozoya ni justifica la suspensión del proceso penal en su contra.
La sentencia señala que el objeto de la reparación del daño puede dividirse entre los responsables cuando las circunstancias del caso así lo permiten, por lo que cada imputado debe responder por la parte que le corresponde.
La FGR sostiene que entre junio y noviembre de 2012 Alonso Ancira transfirió a Emilio Lozoya aproximadamente 3.4 millones de dólares, recursos que presuntamente fueron utilizados para adquirir una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Posteriormente, el 20 de diciembre de 2013, ya como director general de Pemex, Lozoya habría autorizado la compra de la planta de Agronitrogenados a un precio superior a su valor real, operación que, según la Fiscalía, provocó un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado.
El tribunal concluyó que, aunque la reparación del daño suele ser una obligación única, existen excepciones en las que puede dividirse entre los responsables.
La resolución establece que el acuerdo celebrado por Alonso Ancira únicamente cubre la parte del daño correspondiente a su responsabilidad, por lo que Emilio Lozoya deberá continuar enfrentando el proceso penal para determinar su eventual responsabilidad y, en su caso, responder por la porción del daño que le sea atribuible.
Con esta decisión, el proceso judicial por el caso Agronitrogenados deberá reanudarse, poniendo fin a la suspensión que permanecía vigente desde agosto de 2023.
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