Diputados de Aguascalientes: ¿están con los niños o con el sindicato?

A los padres de familia con hijos en la escuela les tengo una mala noticia: en caso de que sus niños sufran por parte de un maestro algún tipo de abuso y violencia ya no podrán presentar una queja o denuncia ante las autoridades competentes porque resulta que gracias a los diputados de Aguascalientes podrían ir a la cárcel hasta por 3 años y pagar de 100 a 200 días de multa. 

Resulta que el 18 de junio pasado unos diputados locales del PAN y del PRI reformaron, por instrucciones de la sección 1 del SNTE, el Código Penal estatal para dar, entre comillas, “protección integral al personal docente directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, asedio y amenazas” que sean presentadas por alumnos, padres de familia o tutores, los cuales ahora deberán callar, so pena de que vayan a prisión. 

Esto significa que el personal docente tendrá ahora licencia abierta para ejercer violencia física, verbal o psicológica contra alumnos; encubrir abusos sexuales; utilizar su posición para intimidar al estudiante; condicionar calificaciones; obligar a alumnos a pagar cuotas indebidas a cambio de trato justo, todo esto según prácticas que son frecuentes en las escuelas.

El problema no es nuevo y de hecho se ha vuelto más grave. La Encuesta Nacional sobre Discriminación del INEGI documentó que de los 12 millones de personas que asistían a la escuela en México en 2022, el 28% comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, con lo que llegan a 3.3 millones de estudiantes adolescentes el número de víctimas de esta forma de violencia en el país. 

Otro informe elaborado por la Unicef e Interpol documentó que en México se producen 1.2 millones de situaciones de abuso y explotación sexual. De ellas el 39% de los encuentros con el abusador inició dentro de la escuela, y el 24% no presentó una denuncia porque la persona que lo hizo, que pudo haber sido un docente o trabajador administrativo de la propia escuela, “me amenazó con hacerme daño”. Y algunos medios en Aguascalientes han reportado que la autoridad educativa recibe un promedio de tres denuncias diarias por violencia o acoso escolar.

Bueno, nada de eso podrá ya ser reportado o denunciado por estudiantes, padres o menores ante las fiscalías porque los niños podrían ser objeto de represalias en la escuela.

Peor aún, dichas reformas son violatorias del artículo 4º Constitucional y de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño de la ONU, entre cuyos principios rectores está el “interés superior del niño”.

Al introducir como delitos las supuestas “amenazas” en contra del personal escolar; el llamado “linchamiento mediático”; o la presunta “falsedad” en declaraciones  ministeriales que involucren a un maestro, lo que algunos diputados como por ejemplo Mirna y Alma Hilda Medina, Heriberto Gallegos -ex líder del SNTE local- y algunos más hicieron es encubrir a presuntos delincuentes; coartar la libertad de estudiantes, padres o tutores para formular denuncias ante la autoridad competente, y limitar este derecho a ejercerlo “dentro de los canales institucionales”, es decir, los que están bajo control sindical.

Se trata, pues, de una patente de corso para la impunidad.

En suma, mamás y papás, no se olviden el año que viene, que hay elecciones, cuales fueron los diputados que prefirieron el contubernio vergonzoso con el sindicato y no la protección de sus hijos.

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