La demanda mexicana y el sistema que produce las muertes

La decisión del Gobierno de México de promover acciones legales por la muerte de 17 connacionales vinculados con ICE es necesaria, pero su verdadero alcance no está en el anuncio. Está en la posibilidad de romper una forma de impunidad que funciona fragmentando los hechos.

Catorce de esas muertes ocurrieron en centros o procesos de detención y tres durante operativos. No son casos idénticos. Hay posibles negligencias médicas, enfermedades, presuntos suicidios y uso letal de la fuerza. Cada expediente tendrá que probarse por separado. Pero esa diferencia jurídica no debe impedirnos ver el contexto que comparten.

Desde el regreso de Donald Trump aumentaron las detenciones, se intensificaron los operativos y creció la presión sobre centros administrados, en muchos casos, por empresas privadas. La tasa de mortalidad en detención migratoria es hoy aproximadamente 2.4 veces mayor que la registrada entre 2009 y 2024. El dato es decisivo porque corrige una explicación cómoda: no se trata únicamente de que haya más personas detenidas. Proporcionalmente, también están muriendo más bajo responsabilidad del Estado.

Ahí aparece el mecanismo político de fondo. La política migratoria construye al migrante como amenaza colectiva, pero cuando ocurre una muerte, la responsabilidad se individualiza. Entonces cada caso se explica como enfermedad previa, intento de fuga, suicidio o legítima defensa. La sospecha se generaliza; la consecuencia se aísla.

México intenta intervenir precisamente en ese punto. Busca pasar de la nota diplomática al expediente judicial, presentar pruebas, activar fiscalías y promover acciones civiles contra los operadores privados. Sin embargo, conviene evitar una falsa expectativa: México no puede procesar directamente a agentes estadounidenses. Puede denunciar, documentar y acompañar. La decisión de formular cargos corresponde a las autoridades de Estados Unidos.

Por eso la verdadera prueba comienza ahora. Habrá que saber cuántos expedientes fueron presentados, ante qué fiscalías, bajo qué hipótesis legales, con qué evidencia y con qué participación de las familias. También habrá que observar si las demandas civiles logran abrir contratos, expedientes médicos, protocolos y comunicaciones internas.

La posición mexicana, además, deberá sostenerse con coherencia. No puede exigir protección absoluta para sus ciudadanos en Estados Unidos y tolerar abusos contra otras personas migrantes en territorio mexicano.

Estas denuncias serán relevantes si consiguen conectar lo que el sistema intenta mantener separado. No basta con castigar a un agente si la estructura que volvió probable el daño permanece intacta.

La pregunta de fondo no es solamente quién causó una muerte. Es qué política hizo posible que esas muertes se repitieran y después fueran narradas como excepción.

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