La extorsión en Aguascalientes

En los últimos meses, la percepción de que la extorsión contra distintas unidades económicas crece de manera considerable, ha incentivado el monitoreo de lo que pasa en otras zonas del sector público, donde el problema es igual o más grave.

Pensemos, por ejemplo, en las extorsiones que sufren muchas escuelas particulares por parte de los inspectores escolares o en la escandalosa corrupción en los procesos de adquisiciones y compras que hacen los gobiernos o los trámites para permisos, licencias y autorizaciones de todo tipo ante las dependencias encargadas del funcionamiento de los comercios o de la gestión urbana.

Todas estas incidencias, no se presentan sólo en Aguascalientes y en sus municipios, sino en todo el país, pero ello no las hace menos graves ni menos dañinas para un desarrollo sano del estado.

La evidencia sugiere que buena parte del éxito en el combate a la corrupción no consiste solo en la adopción y la ejecución de medidas punitivas sino en desmontar el entramado regulatorio, institucional y administrativo que crea los incentivos y proporcionar las herramientas para cometer abusos, sobornar y hacer trampas. Quizá el mejor ejemplo lo observamos en los municipios.

Para empezar, las encuestas sobre fraude estiman que una tercera parte de los actos de corrupción que se producen en México son a escala municipal y de estos los más frecuentes son para agilizar trámites y obtener licencias y permisos, especialmente los relacionados con la construcción y el uso del suelo. 

Como la situación de la propiedad urbana es altamente irregular, es decir, predios sin escrituras o escriturados varias veces, comercios donde debe haber vivienda y a la inversa, fincas o terrenos que ya son urbanos, pero aparecen todavía como rurales, subdivisiones irregulares o forzadas, desarrollos inmobiliarios que redujeron la superficie para parques, banquetas y facilidades para discapacitados y mediante esas triquiñuelas ganan ilegalmente área vendible. Entonces, cuando pasa todo eso la discrecionalidad de los alcaldes y de sus funcionarios para interpretar o torcer las normas y corrupción de por medio decidirá su antojo, pues es elevadísima. 

Esto es lo cotidiano y se observa de manera descarada, por ejemplo, en Jesús María y en San Francisco de los Romos. Pero las modalidades de corrupción, además, han llegado a grados de refinamiento notable. 

Déjeme contarle algunas de ellas. Desde hace tiempo, un buen número de ciudades medianas y grandes en el país cuenta con planes reguladores urbanos de mediano plazo que definen los usos del suelo, su distribución y las reglas a que se condicionan las edificaciones. Como muchos de ellos son muy específicos, entonces el ingenio entra en acción.

Varias fuentes me han relatado una historia que se repite todo el tiempo. Un ciudadano, por ejemplo, quería hacer instalar un negocio en una zona donde el plan regulador no se lo permitía y el municipio respectivo le negó el permiso de construcción, pero los funcionarios le sugirieron que recurriera el acto administrativo ante los tribunales en el entendido de que mediante un pago de millones de pesos se dejarían perder el pleito y el ciudadano podría continuar con la construcción. 

Mediante ese arreglo solucionó el lío y ya va por su tercer negocio. Igual ha pasado con la edificación masiva de vivienda de interés social. 

Los desarrolladores buscan cada vez tierra más barata que normalmente está fuera de los perímetros urbanos considerados para crecimiento habitacional. De pronto, a través de triquiñuelas con autoridades municipales y en algunos casos estatales, surgen periqueras por doquier en áreas donde está prohibido levantar vivienda o bien reservadas para la conservación ecológica y la recarga de los acuíferos con el consecuente deterioro para el equilibrio urbano. 

Esta también es una historia de horror, pero apenas una muestra del extenso catálogo de la corrupción casi a todo nivel. 

La conclusión es que estos ya no son casos aislados, sino la expresión de una ilegalidad crónica consentida y sistémica que se ha normalizado en estos tiempos, pero no puede ni debe ser permitida.

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