La reforma electoral y el costo de la legitimidad democrática
La desconfianza no es una anomalía, sino el punto de partida de un modelo que asume el conflicto como condición inherente al proceso democrático
Tras meses de especulación la Presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que –por fin– mañana lunes 2 de marzo de 2026 entregará su propuesta de reforma electoral al Congreso de la Unión. En su conferencia de todas las mañanas, compartió líneas generales de la iniciativa para transformar el régimen constitucional de las elecciones en México, particularmente las reglas de acceso al poder y los costos de dicho proceso.
Sin embargo, la confianza ciudadana en la integración de autoridades –una de las principales conquistas de la democracia contemporánea– parece haber quedado al margen del adelanto ofrecido el pasado 24 de febrero. Hoy, la elección de autoridades legitimadas por las mayorías forma parte de la normalidad de nuestras generaciones, no obstante, la desconfianza fue la premisa en la que se fundó el sistema mexicano de elecciones. El reformismo constitucional que hizo posible la transición a la democracia en México, nació de la crisis de legitimidad que heredaron décadas de un solo partido gobernante, distorsión de la voluntad popular y comicios organizados por el gobierno.
La mandataria adelantó un recorte de al menos 25% del gasto electoral y dejó entrever la eliminación de ciertas funciones, entre ellas el Programa de Resultados Electorales Preliminares –PREP– y los conteos rápidos, que ofrecen a la opinión pública las tendencias de la votación antes que termine el cómputo de boletas, el cual se propone llevar a cabo el mismo día de la jornada.
La sombra de la caída del sistema (1988) y las elecciones manipuladas es tal, que incluso después de alternancias exitosas –2000, 2012, 2018– persiste hasta nuestros días una narrativa recurrente de fraude, lo que evidencia que la desconfianza además de herencia histórica, también se ha vuelto un rasgo cultural.
También se plantea eliminar la duplicidad de funciones de una legislación electoral llena de candados: autoridades autónomas, vigilancia cruzada y la posibilidad de impugnar cada acto. Porque –insisto– la desconfianza no es una anomalía, sino el punto de partida de un modelo que asume el conflicto como condición inherente al proceso democrático y establece garantías institucionales para que el sistema funcione, incluso bajo sospecha.
A reserva de conocer el contenido de la polémica y poco conocida reforma, considero que ningún cambio debe aprobarse a costa de debilitar los mecanismos que permiten a la ciudadanía vigilar la transición del poder público. La confianza, en clave democrática, se construye con garantías y desmontarlas, incluso en nombre de la austeridad, puede tener un costo mucho más alto que el presupuestal.
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