¿Para qué quieren gobernar?

Como ya lo hemos comentado antes, el año que viene habrá elecciones para renovar los gobiernos en 17 estados del país y la pregunta para los aspirantes de todos los partidos es saber para qué quieren competir y, en caso de ganar, para qué quieren gobernar. Ya sé lo que están pensando quienes nos escuchen, pero vamos a poner las cosas en un contexto apropiado.

Hasta ahora, hay unas 100 o 120 personas que han levantado la mano para participar en la lucha libre a tres caídas de sus respectivos partidos para ver quienes obtendrán las candidaturas. Pero también hay qué decir desde el año 2000 han sido detenidos, procesados o encarcelados unos 25 ex gobernadores, y falta saber cuántos seguirán cayendo en estos años. Por lo pronto, hay al menos 4 que están la mira de EEUU -Rocha Moya de Sinaloa, Durazo de Sonora, Villarreal de Tamaulipas y Avila de Baja California- todos ellos de Morena. Esta es la razón por la que la señora Sheinbaum se resiste a entregarlos: porque la estructura de Morena se vendría abajo como un castillo de naipes.

La pregunta subsiste: ¿por qué hay tantos aspirantes si saben que podrían terminar en la cárcel?

Lo primero es que en México ya nadie manda ni quien ponga orden desde el centro sobre gobernadores y gobernadoras. En el pasado los controles eran férreos y funcionaban removiendo o destituyendo a gobernadores por distintas razones. Solo en el sexenio de Lázaro Cárdenas cayeron 14 gobernadores en ejercicio y en el de Salinas fueron 17. Ahora no pasa eso y por tanto la DEA, el FBI o la fiscalía de NY les pisa los talones a los que están metidos en presuntos delitos de crimen organizado o de lavado de dinero.

El segundo elemento es que, a pesar del alto riesgo de que terminen tras las rejas, la adicción a la corrupción de gobernadores, gobernadoras y sus equipos se ha vuelto endémica, es decir, enfermiza. Olvidemos que son profundamente ineptos, es que han salido muy imaginativos para robar. 

Según los observatorios nacionales, hay al menos tres vertientes. Una son las compras y las obras públicas, donde los gobiernos eligen discrecionalmente a los proveedores, inflan los precios, exigen comisiones, no supervisan la calidad ni la cantidad de los bienes y servicios que reciben y por tanto al año siguiente hay que repetir el proceso.

Otra modalidad es la asignación por dedazo de contratos para prestar diversos servicios públicos mediante procesos amañados a 10, 20 o 30 años, con independencia de si funcionan bien o no. Y cuando resulta que no pasó así, entonces revierten el contrato y se lo dan a otra empresa o bien regresan al gobierno respectivo con las consecuentes pérdidas económicas y de oportunidad. No es casualidad que de acuerdo con el INEGI el 84 por ciento de la población nacional dice que en su estado la corrupción es frecuente.

Y la tercera cuestión es que, una vez que se han cometido los actos de corrupción, hay que proteger el dinero recibido y por tanto hay que lavarlo, y esto requiere cómplices que pueden ser por ejemplo notarios, empresarios, abogados, ejecutivos bancarios, factureros, para ejecutar esquemas de triangulación en sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario que es donde se observa con mayor frecuencia. Nada más para ilustrar el tamaño del negocio se calcula que el lavado equivale en México a más de 74 mil millones de dólares al año.

En suma, todo esto ilustra porque hay tantos que quieren ser gobernadores o gobernadoras el año que viene, y la gran pregunta es si los ciudadanos tendrán la sabiduría para elegir a personas preparadas, decentes, competentes y eficientes.

¿Ustedes que piensan? Que sí o que no.

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