Perspectiva: Necesitamos mandos regionales

Después de los hechos del 22 de febrero, es claro que la única fuerza capaz de detener a la delincuencia organizada es la federal. Los estados sufren el embate del poderío de los grandes cárteles del crimen y no tienen los recursos ni la organización para enfrentarlos. El caso más claro es Jalisco: Pablo Lemus, su gobernador, sabía que en Tequila estaba instalado un alcalde de Morena, pero, antes que todo, un político cooptado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El alcalde, Diego Rivera, de un nombre que no se puede olvidar, actuaba en contra de los ciudadanos, cobrando cuotas ilegales, extorsionando a empresas y organizando a sus subalternos como miembros de una organización criminal. El escándalo fue tan grande que llegó a la Federación por medio de quejas transnacionales. Las tequileras, como José Cuervo, se quejaron de las exorbitantes pretensiones en el cobro de impuestos.

En Puerto Vallarta surgió la verdadera fuerza de “El Mencho” cuando fue abatido por el ejército. Solo la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum podía contrarrestar al líder delincuente más poderoso de los últimos tiempos. Para los gobernadores lo más sencillo era sobrellevar el problema. En Sinaloa, por ejemplo, la convivencia cotidiana entre el poder político y el del CDS se remonta a décadas. “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada la llevaban en calma para proteger sus intereses mutuos. Quedó claro en las elecciones de 2021, en las que hubo presencia e influencia del Cártel de Sinaloa. Luego sería más transparente cuando se llevaron al “Mayo” a Estados Unidos. La trampa era una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya.

Los gobernadores nunca tuvieron ánimo para reunirse y enfrentar el problema. Jalisco, Michoacán y Guanajuato no parecieron nunca compartir esfuerzos y dudamos que lo hayan hecho con la información por desconfianza mutua. Además, el poder económico del CJNG o de los cárteles regionales podía comprar muchas voluntades de alcaldes y policías locales. Plata o plomo. No es difícil comprender la elección.

Con el nuevo México que nace de la determinación de retomar el poder del Estado frente a la delincuencia organizada, la Federación podría fortalecer la seguridad pública mediante una buena coordinación o un mando único por regiones. Eso sucedió en La Laguna, donde tres ciudades de dos estados están conurbadas. Torreón, en Coahuila; Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, convinieron en otorgar la responsabilidad de la seguridad pública al general Edilberto Jasso, quien logró pacificar esa zona metropolitana.

Lo mismo se podría hacer con Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, por ejemplo, con un “zar” anticrimen que coordinara con autoridad todas las fuerzas públicas de la región. Tendría que ser un acuerdo federado. Los gobernadores tendrían que ceder poder al delegado especial, pero tendrían la ventaja de no enfrentar a diario la complejidad de la seguridad pública. Sabemos que pueden alegar la soberanía de los estados, pero no estamos en tiempos normales. Después de la muestra de poder del CJNG, al gobierno solo le queda enfrentar la fuerza de fuego de los delincuentes con todo el poder del Estado.

Con policías municipales, estatales y federales fragmentadas, lo único que reina es el caos. Esa coordinación pudo hacer maravillas frente a los bloqueos, incendios de comercios y de vehículos, además del bache económico producido por la guerra contra la delincuencia.

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