¿Quién gobierna la cooperación de seguridad con Estados Unidos?

El 2 de octubre, el gobernador Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro. El gobierno queretano había notificado a la Cancillería la visita del embajador — un oficio del 25 de septiembre que describía el encuentro como protocolario, sin mencionar que su centro sería la presentación de un proyecto de cooperación en seguridad. La SRE lo confirmó días después: Querétaro nunca solicitó el aval del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, el mecanismo que la ley establece para este tipo de acuerdos. La Presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicaciones. Kuri prometió cumplir los trámites. El episodio se cerró en apariencia antes de terminar la semana.

Pero la pregunta de fondo no se resuelve con un trámite.

El debate público se quedó atrapado en si Kuri avisó o no avisó. Hay un dato que lo reencuadra: Querétaro tiene nueve proyectos previos de cooperación con agencias estadounidenses que sí pasaron por los canales federales. No estamos ante un gobierno estatal que descubre la cooperación internacional. Estamos ante uno que esta vez eligió no pedir permiso, y esa diferencia no es administrativa.

Por qué esa elección ocurre ahora tiene una respuesta que el debate mediático no está nombrando. Desde el regreso de Trump, la política estadounidense hacia los cárteles cambió de naturaleza: los redesignó como organizaciones terroristas, creó una fuerza interagencial de carácter militar y construyó una coalición regional de seguridad de la que México no forma parte. En ese contexto, un gobernador que coopera directamente con Washington tiene algo que antes no existía: la posibilidad de mostrarse eficaz en el idioma que Trump valora sin depender del gobierno federal como intermediario. Una academia policial vinculada al aparato de seguridad estadounidense no significa lo mismo en 2026 que habría significado hace una década.

La respuesta de Sheinbaum tiene una lógica que no conviene desestimar: la cooperación en seguridad toca inteligencia, territorio y soberanía, y no puede quedar dispersa en decisiones estatales sin coordinación. Con todo, esa defensa del procedimiento es también defensa del monopolio federal sobre una relación que se ha vuelto políticamente valiosa. Y ese monopolio tiene sus propias grietas: el Consejo de Seguridad Nacional no sesiona desde 2018. El mecanismo que se invoca para ordenar la cooperación lleva años sin funcionar regularmente. Defender el procedimiento cuando la institución que lo respalda opera de manera intermitente es, cuanto menos, una posición que merece escrutinio.

Hay un detalle que le da otra dimensión al episodio. Querétaro no es un estado en crisis. No tiene guerra entre organizaciones criminales, no encabeza los índices de violencia letal. Si este mismo movimiento lo protagoniza un gobernador de Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas — con territorios disputados, con una emergencia real y con una relación cotidiana con el aparato de seguridad estadounidense — el episodio deja de ser una polémica procedimental y se convierte en una pregunta sobre los límites reales del federalismo en materia de seguridad.

Kuri ya prometió hacer el trámite. La academia se construirá. Pero la pregunta que Querétaro abre no es si un gobernador cumplió un procedimiento. Es qué pasa cuando lo haga alguien que sí tiene una crisis que el gobierno federal no está resolviendo, y que encuentre en Washington un interlocutor más dispuesto que la Federación. Esa pregunta no tiene respuesta lista, y 2027 probablemente la hará más urgente.

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