Recorte escolar y rezago educativo

La autoridad educativa federal recién anunció un recorte al calendario del ciclo escolar 2025-2026, que adelanta el periodo vacacional de verano en más de un mes para las escuelas públicas y privadas de educación básica, Media Superior, y Normal. En este recorte, las clases terminarían no en julio, sino en junio. La razón que da la autoridad es proteger a las infancias de la ola de calor, y permitir que docentes y administrativos escolares puedan disfrutar del mundial de futbol. 

El anuncio no fue bien recibido por buena parte de la sociedad, por lo que la presidenta de México aseguró que era un recorte solicitado por los estados, no una iniciativa federal; y que la medida todavía estaba en revisión. Sin embargo, en la Ley General de Educación, vigente para el Estado Mexicano, en su artículo 87 dicta que es la SEP quien determinará el calendario escolar del país, con los días efectivos para cubrir los planes y programas aplicables. El mismo artículo afirma que el calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase. 

Entre quienes rechazan la medida están la Unión Nacional de Padres de Familia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la COPARMEX, y distintas organizaciones, como México Evalúa. Esta ONG afirmó que el recorte afectaría a más de 23 millones de alumnos, en un contexto de rezago educativo. De acuerdo a la organización, sólo cinco de cada 10 estudiantes comprenden textos y apenas tres de cada 10 pueden resolver problemas matemáticos. 

Igualmente, la medida no sólo afecta el aprendizaje del alumnado, sino la logística familiar. En México existen más de 7 millones de hogares monoparentales, de éstos, el 80% son encabezados por mujeres. Este recorte implica cargas adicionales de cuidado a las infancias que tendrían que ser asumidas mayoritariamente por mujeres solas.

Ante el rechazo a la medida, por parte de familias, funcionarios, políticos, y organizaciones civiles, el titular de la SEP, Mario Delgado, anunció que el próximo lunes 11 de mayo se llevará a cabo una nueva reunión entre las autoridades educativas para volver a analizar el cierre adelantado del ciclo escolar. Mientras, organizaciones de padres y madres de familia en varias ciudades amenazan con ejercer el recurso del amparo jurídico para protegerse de la medida.

Esta decisión conflictiva por parte de la autoridad nos muestra cómo uno de los retos más grandes que tienen las personas que ejercen el poder público es el saber conectar con la ciudadanía, entender sus necesidades, y no aumentar la brecha que separa la realidad de la gente con la realidad que ocurre en la burbuja de quienes gobiernan. De lo contrario, por satisfacer a una minoría -en este caso, docentes y administrativos escolares-, se pueden tomar decisiones no sólo impopulares que erosionen la relación entre ciudadanía y gobierno, sino que afecten el desarrollo -en este caso educativo- en contextos complejos de rezago y precariedad, a cambio de tener tiempo libre para ver el futbol.

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