En los últimos días se ha anunciado que México prepara un despliegue de hasta 100 mil elementos de seguridad para proteger las sedes y los eventos vinculados al Mundial de fútbol de 2026. El anuncio busca enviar un mensaje claro: el país está en condiciones de garantizar que uno de los eventos deportivos más importantes del planeta se realice sin incidentes.
El desafío no es menor. Durante varias semanas, millones de personas —entre turistas, periodistas, delegaciones deportivas y aficionados— circularán por ciudades mexicanas, particularmente en torno a estadios, aeropuertos, zonas hoteleras y corredores turísticos. En ese contexto, el Estado se prepara para movilizar policías, Guardia Nacional, fuerzas armadas y sistemas de inteligencia con el objetivo de asegurar espacios estratégicos.
A primera vista, el anuncio puede interpretarse como una señal de fortaleza institucional. Y en cierto sentido lo es. Desplegar decenas de miles de efectivos, coordinar distintos niveles de gobierno y articular sistemas de vigilancia complejos requiere capacidad organizativa, recursos y planificación. Y, hay que decirlo, no todos los países pueden hacerlo.
Pero justamente por eso el anuncio revela una paradoja importante sobre la seguridad en México.
La capacidad del Estado para movilizar enormes recursos de seguridad para un evento específico contrasta con las dificultades persistentes para garantizar seguridad en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
México vive desde hace años una crisis prolongada de violencia criminal en muchas regiones del país. ¿Cómo es posible, entonces, que el Estado pueda organizar un despliegue extraordinario para proteger un evento internacional, pero enfrente enormes dificultades para garantizar condiciones mínimas de seguridad en amplias zonas del territorio?
La respuesta no está necesariamente en la falta de recursos. El caso del Mundial sugiere que la cuestión central es cómo se organiza y prioriza la seguridad.
Los gobiernos suelen ser muy eficaces protegiendo espacios estratégicos altamente visibles —como cumbres internacionales o eventos deportivos— pero mucho menos eficaces garantizando seguridad cotidiana en todo el territorio. En esos contextos, los recursos pueden concentrarse territorialmente y las instituciones pueden coordinarse bajo objetivos muy claros.
Pero la seguridad cotidiana funciona de otra manera. No se trata de proteger un estadio o un aeropuerto durante unos días, sino de garantizar condiciones de seguridad para millones de personas en miles de comunidades, barrios, carreteras y municipios. Esto implica enfrentar fenómenos complejos: economías criminales arraigadas, mercados ilegales, redes de corrupción, debilidad institucional local y desigualdades territoriales profundas.
Dicho de otro modo: proteger un evento es un problema de concentración de recursos; proteger la vida cotidiana es un problema estructural de organización del Estado.
La historia reciente muestra que muchos países con altos niveles de violencia han logrado organizar grandes eventos internacionales con relativo éxito. Brasil pudo realizar el Mundial de 2014 pese a sus altos índices de criminalidad. Sudáfrica organizó el Mundial de 2010 en un contexto de fuertes problemas de seguridad. Incluso ciudades con desafíos importantes de violencia han logrado proteger Juegos Olímpicos o campeonatos internacionales mediante despliegues extraordinarios.
Eso no significa que los problemas de seguridad hayan desaparecido. Significa que los Estados pueden crear burbujas de seguridad altamente controladas alrededor de espacios estratégicos.
El Mundial de 2026 probablemente será un evento seguro en México. Todo indica que el gobierno federal, los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad harán un esfuerzo extraordinario para garantizar que las sedes del torneo funcionen sin incidentes mayores. Es lo que ocurre prácticamente en todos los países anfitriones de eventos globales.
Sin embargo, el verdadero desafío para México no se mide en la seguridad de un estadio durante noventa minutos ni en la protección de zonas turísticas durante unas semanas. El verdadero desafío es mucho más profundo: construir instituciones capaces de garantizar seguridad en la vida cotidiana.
Eso implica fortalecer policías locales, mejorar sistemas de investigación criminal, reconstruir capacidades institucionales en municipios vulnerables y enfrentar las economías criminales que alimentan la violencia. Implica también reconocer que la seguridad no es solo una cuestión de despliegues espectaculares, sino de trabajo institucional sostenido y de largo plazo.
El Mundial de 2026 será una vitrina global para México. Durante un mes, el país mostrará al mundo su capacidad organizativa, su infraestructura y su hospitalidad. Pero más allá del espectáculo deportivo, el torneo también nos deja una pregunta incómoda.
Si el Estado puede movilizar decenas de miles de elementos para proteger 13 partidos de fútbol, ¿cómo convertir esa capacidad en una política de seguridad que funcione los otros 352 días restantes del año?
Porque al final, el verdadero indicador de seguridad de un país no es lo que ocurre dentro de un estadio lleno, sino lo que ocurre todos los días fuera de él.
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