Exige Observatorio reconocer reclutamiento forzado en detenidos de campamento en Rincón
Tras dar a conocer las sentencias contra los 18 detenidos en el campamento armado de Rincón de Romos el pasado julio de 2025, desde el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) exigen a las autoridades reconocer el reclutamiento forzado de personas como factor primordial en el caso.
Mariana Ávila Montejano, presidenta de la organización, señala la necesidad de reconocer a los detenidos como víctimas de la violencia ante su probable incorporación forzada al crimen organizado.
No son criminales, son jóvenes atravesados por un sistema que les falló y les volvió a fallar. (...) Exigimos el reconocimiento del reclutamiento forzado como una forma grave de violencia y violación a los derechos humanos; la revisión exhaustiva de los casos incorporando; un enfoque centrado en las víctimas; la implementación de protocolos de identificación de víctimas de reclutamiento forzado dentro de los procesos penales.
El OVSG pide, además, la generación de políticas públicas para juventudes en riesgo y el cese de la criminalización de personas jóvenes y en situación de pobreza.
Ávila Montejano hace un llamado al Gobierno del Estado para que el análisis de los casos se dé desde una perspectiva colectiva ante posibles ofertas laborales falsas y privaciones ilegales de la libertad para prácticas delictivas.
Estos casos deben analizarse de manera colectiva, no son asuntos aislados que se puedan reducir a una narrativa de criminalidad individual. Se tiene que realizar un análisis de contexto con evidencia que nos permitan dar cuenta de dónde estaban antes estos jóvenes, de qué sucedió durante el tiempo que estuvieron en ese campo y de cómo fue el momento de la llegada de las autoridades.
Desde el Observatorio se garantiza el acompañamiento a las familias de los detenidos. Este 23 de abril, BI Noticias dio a conocer que los 18 detenidos en el campamento armado fueron sentenciados a penas de entre 14 y 18 años de prisión más el pago de la reparación de los daños. Cuatro de los detenidos contaban con ficha de búsqueda al momento del desmantelamiento.
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