Ley de Amnistía a independentistas catalanes ya es una realidad: entró en vigor
Luego de su previa discusión, la Ley de Amnistía propuesta para implicados en el proceso independentista de Cataluña, fue aprobada por el Congreso español el pasado 30 de mayo y ahora, tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes 11 de junio, ya entró en vigor.
Por ello, ya con la nueva legislación andando, las defensas jurídicas de los 37 encausados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por el "procés", donde se incluye Oriol Junqueras, presentaron ya sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la Ley de Amnistía, según indicó el propio ERC en un comunicado.
Así, la aplicación de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, queda en manos de los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa causas vinculadas a ese proceso independentista.
Así pues, sería el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, así como más de 300 causas en los juzgados y tribunales de Cataluña quienes tomarán cartas en el asunto.
¿Qué hace?
Esta nueva ley borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña de los últimos doce años.
La norma, ya en vigor, advierte que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en contra de los actores políticos involucrados en ese proceso. Aún así, todavía hay discrepancias entre los juristas, quienes han cuestionado que pueda hacerse de forma automática.
Frente a las nuevas disposiciones incluidas en este nuevo marco legal, los fiscales del Tribunal Supremo comunicaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, "afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)".
Lo anterior está relacionado a los casos de varios de los dirigentes independentistas catalanes condenados en 2019, así como a otros que huyeron de España en 2017, para evitar la justicia, tras la declaración unilateral de independencia. Entre ellos, al entonces presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que aún lidera el principal partido independentista catalán, JuntxCat.
Los jueces preguntarán a las partes antes de aplicar la ley y entonces se conocerá la postura de la Fiscalía, que pretende mantener una unidad de actuación, aunque aún no se conoce cual será su posición respecto al delito de malversación, una decisión cuya última palabra estará en manos del fiscal general. Los tribunales tienen dos meses para aplicar la ley, pero aún así pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el proceso en el que estén trabajando quedaría en suspenso.